Lluvia de denuncias contra Fidel Castro

Por

Francisco H. Tabernilla

 

 

Fidel Castro hace tremendos esfuerzos por destacarse entre los gobiernos de América Latina como el más sobresaliente en los ataques y críticas al gobierno de Estados Unidos y a los que forman la coalición para desarmar y liberar a Irak de Saddam Hussein el líder totalitario de ese país. Se queja del manejo prepotente que ha hecho de la guerra contra el terrorismo en la que se han incluido a más de la mitad de los países del Tercer Mundo. Debemos recordar que Washington mantiene a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo por dar refugio a los miembros del grupo separatista ETA y por sus contactos con la guerrilla colombiana.

          Mientras, el exilio cubano beligerante se moviliza para apoyar a Estados Unidos y sus aliados en la guerra justa y necesaria contra Hussein y defender su posición democrática y sus derechos durante la marcha que tendremos en la ciudad de Miami, en la Calle 8, el sábado 29 de marzo a la 1:00 p.m., por la Libertad con Dignidad. Demostraremos en esa marcha que el exilio se mantiene firme contra la tiranía. Demostraremos que existen los mismos ideales y propósitos morales de lucha que nos trajeron al destierro, porque no se puede vivir donde mandan los tiranos, como afirma el pensamiento martiano.  Demostraremos que estamos dispuestos a no permitir que todo se olvide, e integrarnos a una Cuba donde nada ha cambiado ante una tiranía que está maniobrando para que se le reconozca el valor y la utilidad de unas leyes, llamadas socialistas, como las que rigen desde que Fidel Castro y sus hordas tomaron el poder. Por eso, respaldando nuestra actitud Perú, Costa Rica y Uruguay presentaron conjuntamente un proyecto de resolución  sobre Cuba ante la  Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra.  La resolución expresa su reconocimiento por el nombramiento de una representante especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la magistrada francesa  Christine Chanet. Sin embargo, el ministro cubano de Relaciones Exteriores declaró inmediatamente después de producirse el nombramiento de la representante especial, que “ningún país de América Latina ni Estados Unidos ni ningún país del mundo tiene autoridad moral para juzgar a Cuba en materia de derechos humanos”. Pérez Roque aseguró que Cuba no colaboraría con el mandato de la resolución igual que el año pasado, que proponía el envío a la isla de la representante especial..

          El humillante plan de Fidel Castro ordenando el arresto de cerca de 100 opositores, disidentes y periodistas independientes,  sin causa justificada ha producido una indignación internacional. Esta oleada represiva contra ciudadanos pacíficos que lo único que claman es por libertad de expresión, democracia y respeto a los derechos humanos son cosas inaceptables para el régimen socialista de Fidel Castro, que sólo acepta elogios y el sometimiento absoluto de la persona humana. Diplomáticos extranjeros en La Habana, citados por la agencia francesa de prensa, han expresado en privado de su desconsuelo, pues no se explican la disposición oficial a pagar un alto precio político internacional por estas acciones. La organización internacional Human Rights Watch, emitió un comunicado denunciando los arrestos en la isla. Entre las decenas de detenidos figuran la economista Martha Beatriz Roque, el escritor y periodista independiente Raúl Rivero miembro de la SIP en la región y el opositor Héctor Palacios, así como decenas de promotores del disidente Proyecto Varela, una iniciativa lidereada por Osvaldo Payá que pide un referéndum sobre cambios políticos y que ha logrado reconocimiento internacional.

          La Sociedad Internacional de Prensa (SIP)  adelantó que emitiría un fuerte pronunciamiento sobre estos hechos durante su reunión semestral, que se inició este viernes 21 de marzo, 2003, en El Salvador. Esta campaña represiva está destinada a quebrantar y cerrar el espacio de difusión que la prensa alternativa ha conseguido abrir en los últimos meses en el país, aseveró Rafael Molina, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Raúl Rivero quien funge como vicepresidente regional de esa Comisión, alertó sobre la posible aplicación de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, de 1999, que establece penas de hasta 20 años contra los disidentes y periodistas independientes. La Comisión Episcopal de Obispos Católicos de Cuba que preside monseñor Adolfo Rodríguez Herrera en incomunicado oficial dijo: “Lamentamos profundamente que en nuestra patria se estén usando métodos inapropiados para descalificar y detener a personas por el hecho de que piensen y actúen de  diferente manera a la ideología oficial”.

          Desde París, Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió a los miembros de la Unión Europea que condicionen la adhesión de Cuba a los acuerdos de Cotonou a “la liberación de los periodistas encarcelados, la abolición del monopolio estatal de la información y la legalización de las agencias independientes de prensa”. Fidel Castro con su arrogancia y malas intenciones cada día debilita más su posición ante el mundo democrático y cada día hace más posible y viable la esperanza del pueblo cubano de reconquistar su Libertad.

 

000oo000

3/24/03

 

   

Regresa a artículos de FHT